Chile en la OCDE: Después de los Abrazos

Cuánto impacto tenga esta noticia en el desarrollo futuro de Chile depende fundamentalmente de nosotros, de nuestra capacidad de adoptar las prácticas que promueva el foro, de ser receptivos ante sus sugerencias y de atrevernos a implementar las sugerencias que recibamos

(Columna publicada en El Mostrador, 18 de Diciembre de 2009)

El ingreso de Chile a la OCDE se ha comparado a una invitación a participar en un club ultra exclusivo, a recibir un certificado de “país grande” o con una clasificación al mundial. Lo cierto es que no es ninguna de esas cosas. Es un club, cierto, pero no es tan exclusivo y no certifica nuestra mayoría de edad. Sí reafirma que Chile es un país comprometido con la democracia, el desarrollo, la transparencia y el libre comercio. Y que, además, satisface los estándares del foro sobre buenas prácticas, instituciones, generación de estadísticas, gobiernos corporativos y secreto bancario, entre otros.

Ciertamente, aunque la analogía es fácil de entender en medio de la euforia por nuestra clasificación a Sudáfrica, lo cierto es que entrar a la OCDE no es como clasificar a un campeonato mundial de fútbol. Esta última metáfora es particularmente desafortunada puesto que sugiere competencia. Tanto es así que inmediatamente algunos comenzaron a sugerir que Chile debería “prepararse para jugar de igual a igual” o “tratar de pasar a segunda ronda” o, al menos, “ganar un partidito”. Lo cierto es que la OCDE no se trata de competencia sino de cooperación. Es un foro donde se estudian, analizan y sugieren mecanismos y políticas que permitan a cada país fortalecerse y superar sus debilidades. En este sentido, entrar a la OCDE es de primera importancia no por lo que certifica en términos del camino recorrido sino por las oportunidades que representa en términos del camino que podemos comenzar a recorrer.

La OCDE representa una enorme oportunidad para adoptar las mejores prácticas en términos de diseño y evaluación de políticas públicas al mismo tiempo que otorga el acceso a paneles de expertos del más alto nivel que generarán sugerencias en áreas tan variadas como macroeconomía, finanzas, educación, innovación y desarrollo sustentable.

Publicaciones recientes de la OCDE incluyen, por ejemplo, guías sobre el mejoramiento y la transparencia de sistemas tributarios, análisis de las potencialidades de desarrollo de las regiones chilenas y un estudio en profundidad sobre el sector educacional superior chileno. Este último correctamente identifica el problema de la falta de equidad en el acceso a la educación superior (por nivel de ingreso y género) como el principal desafío que Chile debe solucionar en su ruta al desarrollo y entrega variadas recomendaciones para avanzar en la dirección de asegurar que todos los jóvenes talentosos tengan posibilidades de asistir a una institución de educación superior.

En esencia, entonces, el ingreso a la OCDE no tendrá un impacto inmediato en nuestra calidad de vida más allá de la mejora natural en nuestro ego al ser los primeros aceptados en nueve años y los primeros que completaron el proceso de los cinco países que fueron invitados en 2007. Lo cierto es que cuánto impacto tenga esta noticia en el desarrollo futuro de Chile depende fundamentalmente de nosotros, de nuestra capacidad de adoptar las prácticas que promueva el foro, de ser receptivos ante sus sugerencias y de atrevernos a implementar las sugerencias que recibamos y que estarán, por su propia naturaleza, enfocadas a objetivos de plazos más largos que los que típicamente considera nuestro ciclo político.

La entrada a la OCDE no es tanto la salida de un proceso de desarrollo sino la entrada a una nueva etapa que, si sabemos aprovechar, nos dará el impulso final para alcanzar a las otras naciones miembros en términos de ingreso y desarrollo. De nosotros se requiere la voluntad de aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Después de la hora de los abrazos, viene la hora del trabajo duro.

Jornada Escolar Completa: El Transantiago... 10 años antes.

“Si queremos calidad en nuestra educación, necesitamos más tiempo de nuestros alumnos en clases; más tiempo para que los profesores trabajen en los aspectos pedagógicos y de reforma curricular; más tiempo para actividades de apoyo al trabajo y recreación de los alumnos…”

Así anunciaba el presidente Frei el 21 de mayo de 1996, la creación de la Jornada Escolar Completa (JEC). Hoy, un alumno de un colegio público o particular subvencionado pasa un 35% más de tiempo en la sala de clases que el alumno promedio del club de los países ricos de la OCDE.

Llama la atención lo lacónico del anuncio que comunicaba al país una de las reformas educacionales más importantes de las últimas décadas. Más aún, debe llamar a reflexión la vaguedad con que se enuncian sus propósitos y cómo, al menos en apariencia, algunos resultan sospechosamente contradictorios: si se pretendía apoyar las actividades de recreación, ¿no debieron exigirse más horas extra en actividades recreativas en lugar de en clases?

Trece años después de este anuncio, ¿dónde estamos? Lamentablemente, no muy lejos. Evaluaciones serias disponibles dicen que los alumnos de colegios con JEC han mejorado marginalmente sus puntajes SIMCE en lenguaje. En matemáticas o ciencias, no hay beneficio alguno. En el área recreativa, quedémonos con la voz de los pingüinos que señalan que la JEC ha sido, solo “más de lo mismo”.

En los retornos indirectos, hay cierta evidencia que las madres de los niños que van más horas al colegio tienen entre un 3 y 4.5% más de probabilidades de entrar al mercado laboral, lo que tiene un efecto significativo en ayudar a algunas familias a salir de la pobreza. Hoy niños y adolescentes pasan más tiempo en el colegio y menos en la calle, lo que podría tener un efecto en la delincuencia juvenil pero no contamos con una evaluación de este aspecto de la reforma. En definitiva, sospecho que los retornos han sido modestos.

¿Qué hay de los costos? La JEC genera costos de dos formas: los colegios debieron invertir en infraestructura para implementar el programa y, para mantener los mismos alumnos más tiempo en el colegio haciendo “más de lo mismo”, se requieren más profesores, inspectores, etc. que se financian con una subvención más alta. Una estimación simple pero conservadora arroja que se han gastado del orden de 5.000 millones de dólares en la JEC desde 1998 y que se seguirá gastando, en valor presente, el equivalente a 9.000 millones más. En total, 14.000 millones de dólares, casi tres veces lo que costará el Transantiago hasta el 2014. ¿No podría haberse hecho algo mejor por la educación de nuestros niños con esos recursos? Posiblemente, pero nunca lo sabremos.

La JEC es otra oportunidad desperdiciada, otro paso perdido en el camino por proveer una educación de calidad a nuestros jóvenes y niños. ¿No habría sido mejor destinar parte de los recursos a investigación seria, con trabajo de campo e implementaciones piloto que permitieran evaluar y diseñar mejor la política antes de generalizarla? A lo mejor habríamos aprendido algo y producido realmente un cambio cualitativo en la educación. Tampoco, como comprobaríamos menos de una década más tarde, se aprendió la lección respecto a la necesidad de diseñar y evaluar convenientemente políticas públicas masivas de alto impacto.

Cristianismo es...

"...the belief that a cosmic Jewish Zombie who was his own father can make you live forever if you symbolically eat his flesh, drink his blood, and telepathically tell him you accept him as your master, so he can remove an evil force from your soul that is present in humanity because a rib-woman was convinced by a talking snake to eat from a magical tree... It makes perfect sense"

(...la creencia que un zombie cósmico judío, que fue su propio padre, puede hacerte vivir para siempre si simbólicamente te comes su carne, te tomas su sangre y telepáticamente le dices que lo aceptas como maestro, de forma que pueda remover de tu alma una fuerza maligna que está presente en toda la humanidad porque una mujer-costilla dejó que una serpiente parlante la convenciera de comer el fruto de un árbol mágico... Tiene todo el sentido del mundo.)

Sobre compensaciones a usuarios.

Mi reflexión sobre el caso FASA y la forma en que se está compensando a los usuarios.

Creo que en esto de protección al consumidor y compensaciones estamos muy en pañales. Mi única experiencia con este tipo de compensaciones fue en EEUU, cuando hubo un class action en contra de Netflix por publicidad engañosa: Bajo una interpretación literal el aviso de las “tres películas en tu casa, tanto tiempo como quieras” no era del todo cierto ya que rara vez un usuario tenía tres películas en su casa –lo común era tener una en la casa y dos en el correo.

En esa ocasión me llegó una comunicación de Netflix diciendo que el class action existía y que habían llegado a un acuerdo extrajudicial por el cual, por haber sido afectado por la campaña engañosa, me correspondían los beneficios del acuerdo (aun cuando yo no me había hecho parte del class action, de hecho, ni siquiera sabía que existía). La compensación consistía en que no me cobrarían un mes del servicio. En el mismo comunicado se señalaba que, por ley del Estado de Massachusetts, el que yo aceptara dicha compensación no impedía que me hiciera parte de otros class actions que pudieran iniciarse en el futuro en el que se buscaran más compensaciones si los usuarios así lo estimasen necesario o adecuado.

Mis lecciones de esa experiencia son dos:

1. Que un acuerdo entre un cuerpo como el SERNAC (a nombre de ‘los consumidores’) y FASA no debiera ser el paso final de compensación sino un mínimo garantizado a todos los afectados. Estos podrían posteriormente organizarse y demandar más compensaciones si consideraran que el perjuicio sufrido así lo ameritase, estos acuerdos a puertas cerradas no son transparentes ni deseables.
2. Que los costos de encontrar y compensar a los afectados, en la medida de lo razonable, deben recaer en la empresa que debe compensar (en mi caso, fue Netflix que tenía la obligación de contactarme, informarme y compensarme), de lo contrario, esta diseñará un sistema con altísimos costos de transacción como una forma trivial de eludir el costo de la compensación. El hecho que FASA sólo compense a quienes tienen las boletas de compra me parece absurdo, que lo haga ofreciendo descuentos en sus productos, no.
   

Por otra parte, me parece evidente que la forma de conseguir las compensaciones tiene que ser arbitrada, porque: (1) Los descuentos a rajatabla no me parecen correctos ya que beneficiarían a todos, incluso a los que no compraron ni pasta de dientes en FASA o ni siquiera estábamos en Chile durante el período del acuerdo colusivo –y, en cierta forma, la multa de beneficio fiscal ya compensó a “todos los chilenos”--; y (2) los métodos ultra engorrosos pueden ser óptimos.

Eso sí, creo que, como en los pagos de seguros las compensaciones no deberían ser instancias de lucro.


Ps1: Por si les interesa, como nunca me sentí perjudicado o engañado por la publicidad de Netflix y como era una de mis empresas favoritas, al final renuncié voluntariamente a toda forma compensación. Con las farmacias no haría lo mismo.

Los Diez Principios de Mankiw

Aquí un colega convertido en comediante (está mala la cosa, parece) que se ríe de los "Diez Principios" en torno a los cuales N. Gregory Mankiw (Head Professor del curso que enseño) articula su libro "Principios de Economía", el libro de texto más vendido de EE.UU., ¡era que no! Si Mankiw se lo hace comprar a todos los 950 alumnos del curso (a US$150 cada copia, se entiende porqué maneja un BMW 530i, o no?)

En fin, aquí está el video, para desternillarse de la risa (particularmente la diferencia entre Macroeconomistas y Microeconomistas).

Y si los datos dicen otra cosa...

Desde que nació Gaspar el 1o. de Diciembre del 2006, que no he tenido tiempo ni ganas de publicar nada por acá. Varias veces me he cruzado, leyendo o viendo televisión, con temas que he dicho Seria interesante comentar esto en el blog pero, al final, las obligaciones de la casa (léase cocinar, lavar la ropa o cambiar pañales) o la flojera le han ganado a las intenciones.

Hasta hoy. Pero primero, permítanme una digresión.

Inicio de digresión

Me enteré que el inefable Adrián Longueira no sólo lee mi blog sino que me encontró feo (Adrián, cambié la foto del perfil por una especial para ti) y que no le gustó la calidad de lo que escribo porque seria "un amén de lo que dicen CNN o Bradanovic" (no encontré ninguna referencia a CNN en los 48 posts que componen este blog... en cuanto a Bradanovic, diría que son más las veces en que estamos en desacuerdo que al revés, pero en fin, no le vamos a pedir objetividad al crítico en cuestión) y que lo que escribo es "pobre, [para un] estudiante de Harvard"

Adrián, espero que este post, totalmente novedoso por cuanto es sobre un trabajo original mío que algunos profesores han considerado de calidad aceptable para Harvard, si sea de tu agrado...

Fin de digresión


Los principios en los cuales se basa la reforma educacional chilena llevada a cabo durante la dictadura militar son, a la vez, simples y aventurados: (i) Puesta a elegir, la gente siempre elige del modo correcto y (ii) Más opciones (y por ende, mas competencia) siempre mejoran la oferta de productos. En base a estos dos principios, incorporar ideas básicas de mercado al sistema educacional tiene mucho sentido: la gente privilegiaría con su elección a los mejores colegios y, permitir que nuevos colegios se creen y compitan con los existentes, presionaría a todos los colegios a mejorar y ofrecer mejor educación...

Pero para que esto funcione, tienen que ocurrir dos cosas: (i) Que los colegios efectivamente compitan por los alumnos y (ii) Que los padres elijan colegios en la dimensión correcta.

Milton Friedman, quien fue el proponente originario de esta idea "revolucionaria" propuso soluciones a ambos problemas: respecto a (i) que el financiamiento a los colegios (públicos o privados) sea proporcional al número de alumnos que estos logran atraer, de modo que existan incentivos a pelear por los alumnos y (ii) que se genere tanta información pública como sea posible respecto a la calidad de la educación que entregan estos colegios.

En Chile algo se ha hecho en ambas áreas: la subvención escolar es lo que se llama un "voucher implícito" en el sentido que es un monto de plata que se "mueve con el alumno" y que se entrega (directamente desde el Estado) al colegio que recibe a dicho alumno. Friedman, por supuesto, habría preferido que al apoderado se le entregara la plata y que este la gastara como mejor le pareciera (siendo una de muchas opciones educación para su retoño) pero hay poderosos argumentos en contra de hacer algo como eso (más sobre esto, con evidencia al respecto, en el próximo post). En cuánto al segundo punto, recién hace unos pocos años en Chile comenzó a hacerse público el resultado de la prueba SIMCE, la única medida, más o menos objetiva, de la calidad de la enseñanza en los colegios del país.

La reforma educacional chilena ha sido, desde el principio, atacada fuertemente por quienes fueron más afectados por ella: el colegio de profesores. Los docentes argumentan que el proceso de producción de educación es demasiado complejo para que los padres puedan entenderlo y que, por lo mismo, es imposible que estos puedan elegir bien un colegio. Más aún, argumentan, los colegios particulares (subvencionados o no, aunque sólo los primeros importan en este mono) siempre pueden seleccionar a sus alumnos y, al hacerlo, quedarse con la crema del mercado en el sentido de ser los alumnos más fáciles y más baratos de educar y mandar el resto al repositorio último: los colegios municipalizados. Si eso es cierto, entonces el sistema tiene el resultado de agrupar a los buenos alumnos por un lado y a los malos por otro (al respecto, es dudoso que ese resultado sea indeseable, hay un paper de Caroline Hoxby y Gretchen Weingarth al respecto que muestra que clases mas homogéneas son mejores para los alumnos, todo lo demás constante) aunque hay que notar que no es claro en qué dimensiones un alumno es bueno o malo (los profesores parecen insistir en que se trata de características socioeconómicas, siendo los alumnos pobres y/o en riesgo social los malos).

Así las cosas, hasta hace poco a nadie le quedaba mucha duda que el primer requisito se estaba cumpliendo en Chile: los colegios de verdad estaban compitiendo por los alumnos (si no fuera así, los profesores no alegarían). De lo que no se tenía evidencia alguna era de que las familias estuvieran eligiendo colegios en la dimensión correcta. En otras palabras: si la gente (demanda) no responde a la calidad de los colegios sino a otras características (como el nombre del colegio o el color de su corbata) entonces la competencia entre colegios va a privilegiar dichas características y no la que es relevante desde el punto de vista social. Más competencia podría afectar características espurias de los colegios y mantener la calidad de la educación estancada para siempre...

En un trabajo que junto a Francisco Gallego llevamos desarrollando desde hace un año (y que gracias al cielo está casi terminado), estimamos una demanda estructural por colegios usando un modelo de elección discreta con preferencias estocásticas y características de los colegios que no son observables (por los econometristas). Para ganar flexibilidad, nuestro modelo permite que las preferencias por las características de los colegios varíen con las características de la familia (por ejemplo, a familias más ricas puede importarles menos el costo del colegio, o familias más religiosas pueden preferir más colegios religiosos, o separados por género, etc.).

Usando una base de datos del SIMCE del año 2000, estimamos nuestro modelo con datos para la Región Metropolitana, lo que cubre unos 80,000 estudiantes de cuarto básico que asisten a más de 1,200 colegios distintos.

Nuestros resultados dan un apoyo parcial al reclamo de los profesores: efectivamente, los alumnos tienden a concentrarse en dimensiones socioeconómicas (los alumnos mas "ricos" o que tienen padres más educados, terminan en colegios donde los alumnos son, en promedio, mas "ricos" o donde los apoderados, en promedio, son más educados), pero esta concentración parece estar determinada por la demanda y no por la oferta (cuando eliminamos de la muestra los colegios que tienen procesos de selección, los resultados aún se mantienen: padres más educados prefieren colegios con apoderados más educados, etc.).

El más importante de nuestros resultados es, sin embargo, el que yo menos esperaba: los padres responden a la calidad de la educación (medida imperfectamente a través del SIMCE), más aún, la respuesta no es despreciable y los colegios reaccionan a esta respuesta en forma bastante impresionante: la demanda por un colegio "promedio" aumenta en 5 puntos porcentuales por cada desviación estándar que este colegio sube en el puntaje SIMCE. Más aún, por cada desviación estándar que aumenta esta elasticidad, los colegios reaccionan aumentando su SIMCE en 0.11 desviaciones estándar. Es decir, el proceso es auto-reforzante y los resultados no son menores (1 desviación estándar en el SIMCE corresponde grosso modo a un año completo de educación extra en el tópico cubierto).

Alguna vez, en este mismo blog, dije que mi admiración por Johannes Kepler viene del hecho que, cuando la evidencia contradijo sus preconcepciones el astrónomo alemán abandonó sus supuestos y prefirió creerle a los datos. Por mucho tiempo yo pensé que la reforma educacional chilena estaba condenada, precisamente, porque era muy difícil que los padres pudieran elegir eficientemente un producto tan complejo y tan lleno de posibles efectos externos como es un colegio. Bueno, en esta ocasión los datos parecen decir otra cosa... y a mí no me queda otra que creerle a los datos.

Hay muchos otros resultados interesantes de este estudio... pero esos los voy a comentar en el próximo post. Ojalá que no sea en tres meses más.

El Delito de Ser Pobre.

Me imagino que, con el título de este post a más de alguno de mis amigos más momios que yo les debe estar dando ataque... No se asusten, todavía no me hago comunista. Al menos, no tan comunista como cree el Borrachito de Aric!.

Lo que pasa es que en la ciudad de Orlando, en Florida, la municipalidad acaba de aprobar dos leyes que, eventualmente tendrán que ser descartadas por inconstitucionales, pero que son versiones revisadas de esa teoría que decía que, para terminar con la pobreza, no había mejor solución que cobrarle impuestos a quien quiera que se declare pobre.

Orlando es una ciudad moderadamente rica, donde muchos americanos se van a vivir después de jubilarse: tiene buen clima, es relativamente barata y es muy ordenada. Al mismo tiempo, y por más o menos las mismas razones (más la producción de fruta) es un foco muy atractivo para los homeless que encuentran trabajos informales en forma relativamente fácil y que no tienen que pelear con el frío inclemente de las inacabables noches de invierno del noreste, por ejemplo.

La primera ley estableció que no se podía pedir plata en cualquier parte. Los panholders sólo podrían desarrollar su actividad en zonas especialmente delimitadas en las aceras de algunas calles, según lo determinara la municipalidad. Al mismo tiempo, puso aún más restricciones a las áreas donde es posible dormir o comer en la calle (en gran parte de EEUU, comerse un sandwich sentado en la acera o tirarse en la vereda a dormir es una falta y te pueden llevar preso por hacerlo).

La idea, no declarada por supuesto, de esta ley era desincentivar el flujo de homeless hacia Orlando. Como no resultó demasiado, decidieron ponerse aún más duros.

La segunda ley establece que es delito alimentar a un homeless en la vía pública. Si una organización de caridad (de esas que abundan por todo EEUU) quiere repartir comida a los homeless debe solicitar autorización municipal y sólo puede hacerlo en zonas especialmente habilitadas para eso (es decir, no en los parques, como es la práctica habitual) y a un número limitado de beneficiarios. Por supuesto esto hace que, en la práctica, sea imposible para estas instituciones continuar repartiendo alimentos.

Ambas leyes son el primer caso, desde el fin de las leyes de segregación, que hacen una diferencia entre las personas de acuerdo a su nivel de ingreso... son leyes que, en la práctica, convierten en delito el ser pobre o el ayudar a los pobres. Por lo mismo, la mayoría de los abogados que las han estudiado, las considera inconstitucionales y creen que serán finalmente derogadas por la Corte Suprema. Mientras tanto, el grupo Food Not Bombs y la Primera Iglesia de los Vagabundos de Dios presentaron un recurso en contra de la ciudad diciendo que la ley viola al menos tres derechos constitucionales (libertad de expresión y reunión, ejercicio libre de la religión y el derecho de igualdad ante la ley).

Al mismo tiempo, los dos grupos continuan repartiendo comida desde autos y camionetas, muchas veces en frente de edificios públicos (incluso, frente a la municipalidad) como una forma de demostrar que la ley no sólo es estúpida, sino que también es imposible de fiscalizar.

Encuestas entre los homeless de Orlando muestran que estos no tienen ningún incentivo a marcharse de una ciudad que, aunque hostil, aún perciben como deseable para vivir en ella. En resumen, parece que declarar la pobreza ilegal no alcanza para hacer desaparecer a los pobres.